Más del 60% de megaproyectos aprobados este año enfrentan reclamaciones y riesgo de judicialización
El panorama de aprobación de proyectos de inversión en Chile muestra una paradoja preocupante: mientras el gobierno acelera las autorizaciones ambientales alcanzando cifras récord, más de la mitad de los megaproyectos aprobados enfrentan reclamaciones que podrían derivar en procesos judiciales.
Según datos revelados por el centro de estudios Libertad y Desarrollo, el 60% de los grandes proyectos que recibieron luz verde durante este año están siendo objeto de impugnaciones, lo que instala dudas sobre la sostenibilidad del ritmo aprobatorio actual.
Entre enero y agosto de este año, la administración ambiental autorizó 219 iniciativas que en conjunto representan una inversión millonaria declarada. Este desempeño marca un incremento significativo respecto a periodos anteriores y refleja la decisión gubernamental de impulsar la aprobación de proyectos desde marzo pasado.
Sin embargo, el análisis de Libertad y Desarrollo advierte que la velocidad en las aprobaciones podría no mantenerse en el tiempo. El centro de estudios señala que los proyectos de gran envergadura que obtienen autorización implican posteriormente una mayor cantidad de recursos destinados a atender reclamaciones y eventuales litigios.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, su director reconoce el desafío que representa mantener tanto el ritmo como la eficiencia en la revisión de las iniciativas de inversión. Las autoridades ambientales buscan equilibrar la necesidad de dinamizar la economía mediante la aprobación ágil de proyectos con la obligación de garantizar evaluaciones técnicas rigurosas.
La situación plantea interrogantes sobre la calidad de los procesos de evaluación ambiental. Si bien las cifras de aprobación son celebradas como un logro en materia de gestión administrativa, el alto porcentaje de reclamaciones sugiere posibles deficiencias en las etapas previas de revisión o conflictos no resueltos con comunidades y otros actores relevantes.
Los recursos de reclamación y la eventual judicialización de proyectos no solo generan incertidumbre para los inversionistas, sino que además pueden retrasar significativamente la ejecución de las obras aprobadas. Este escenario contradice el objetivo original de acelerar las inversiones como motor de desarrollo económico.
El debate queda instalado: ¿es preferible aprobar rápidamente una mayor cantidad de proyectos asumiendo el costo de posteriores conflictos legales, o conviene invertir más tiempo en evaluaciones que reduzcan las probabilidades de impugnación? La respuesta determinará la estrategia ambiental y económica del país en los próximos meses.
Por ahora, la administración mantiene su apuesta por la celeridad, mientras observadores especializados alertan sobre los riesgos de privilegiar la cantidad sobre procesos más consensuados y técnicamente sólidos.
