FGR extiende reserva de información sobre atentado contra legisladora de Morena
La Fiscalía General de la República ha determinado extender por cinco años más la reserva de información relacionada con el atentado explosivo que sufrió la entonces senadora de Morena, Citlalli Hernández, en mayo de 2019. La decisión se fundamenta en que las investigaciones continúan activas y la divulgación de datos podría comprometer la seguridad nacional.
El ataque contra la legisladora ocurrió mediante un artefacto explosivo oculto en un libro, un método que generó gran alarma en su momento por su nivel de sofisticación. A pesar de los años transcurridos desde el incidente, las autoridades mantienen que el caso sigue bajo investigación activa, lo que justifica mantener la información fuera del alcance público.
Esta no es la primera vez que la información del caso se mantiene clasificada. La extensión de la reserva por un nuevo periodo de cinco años implica que los detalles de la investigación, así como los avances o líneas de indagación que pudieran existir, permanecerán resguardados hasta el vencimiento del nuevo plazo establecido por la fiscalía.
La autoridad ministerial argumenta que la carpeta de investigación contiene elementos sensibles cuya difusión podría obstaculizar el desarrollo de las pesquisas o poner en riesgo aspectos relacionados con la seguridad del Estado. Este tipo de reservas son mecanismos legales contemplados en la normativa mexicana sobre transparencia y acceso a la información pública.
El atentado contra Hernández ocurrió cuando ella desempeñaba funciones como senadora de la República, en un contexto donde diversos actores políticos han sido objeto de amenazas y agresiones en México. El uso de un libro bomba como mecanismo de ataque llamó particularmente la atención por tratarse de un método poco común en el país.
La extensión de la reserva plantea interrogantes sobre el estado real de la investigación y si existen avances significativos en la identificación de los responsables del atentado. Sin embargo, mientras la información permanezca clasificada, no será posible conocer públicamente el curso que han tomado las indagatorias ni los resultados obtenidos hasta el momento.
La decisión de la FGR se enmarca en las facultades que tiene la institución para determinar qué información puede ser de dominio público y cuál debe mantenerse reservada por razones de seguridad o por estar vinculada a investigaciones en curso. Esta medida se suma a otros casos de alta relevancia política en los que las autoridades han optado por mantener la confidencialidad de los expedientes durante periodos prolongados.
